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 Lunes 3 de Noviembre de 2025 DC Nro. 20251103 - Año XXIII. Ciudad De La Costa - Canelones - URUGUAY.            
  Consejo de Ministros sin mención al Agro.Trabajo, Economía, Defensa y Turismo fueron protagonistas.Conferencia con el Secretario Alejandro Sánchez y Cardama. El Consejo de Ministros es la herramienta más democrática que dispone el presidente de la República para tomar decisiones y emprender las acciones de gobierno. Este fue el primer Consejo con el Presupuesto ya en trámite parlamentario y habiéndose aprobado en la Cámara de Representantes representaba una oportunidad para desprenderse de los lastres de la administración anterior para navegar con su propio rumbo. Al finalizar el Consejo de Ministros el encargado de comunicar las conclusiones y responder las preguntas de la prensa fue el Secretario Alejandro Sánchez. Las oratoria del Secretario de Presidencia fue de izquierda, primera vez que el gobierno expone lo que es relevante; la prensa preguntó sobre Cardama. Trabajo y Negociación Colectiva.El secretario de Presidencia informó que, de un total de más de 100 mesas de negociación que tramitan los acuerdos salariales entre empleadores y trabajadores, el 30% ya alcanzó un acuerdo con las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo, mientras que otro 30% está en vías de concretarlo. Sánchez reafirmó que, cuando se definieron las pautas, el Gobierno resolvió priorizar el crecimiento de los salarios menores, es decir, los de quienes perciben menos de 25.000 pesos al mes, a fin de garantizar que el resto de las escalas salariales no pierda poder de compra. Aún resta tiempo para cerrar la ronda, por lo que se concibe como “un gran logro” ese porcentaje. “Venimos con un cronograma muy bueno. La negociación colectiva es un gran activo del país y viene funcionando de forma correcta”, apuntó. Asimismo, informó que el salario real creció nuevamente en Uruguay. Presupuesto con prioridades.En cuanto al presupuesto nacional, Sánchez confirmó que el Poder Ejecutivo no enviará mensaje complementario. También expresó el beneplácito del Consejo de Ministros por la media sanción que el proyecto de ley recibió en la Cámara de Representantes, donde se avanzó respecto a áreas prioritarias como atender la pobreza infantil y promover el desarrollo del país, aseguró. Patrullas oceánicas: transparencia y defensa de los recursos públicos.En cuanto a la presentación de la denuncia en Fiscalía sobre la presunta estafa al Estado uruguayo por parte de la constitución de garantías para el contrato de las patrullas oceánicas, ratificó la línea de acción de avanzar por el camino de la transparencia y la defensa de recursos públicos y aseguró que se agotará la vía administrativa para esclarecer la situación. En cuanto a la denuncia, expresó que se aguarda que Fiscalía comience a trabaja para esclarecer el tema. Temporada turística: se espera mejorar la temporada anterior.Finalmente, informó que el Consejo de Ministros abordó las expectativas sobre la próxima temporada estival. Sánchez dijo que el turismo es un sector relevante, porque emplea a muchas personas en todo el territorio nacional. Aseguró que se decidió potenciar una campaña dirigida al turismo receptivo. Según el informe presentado en la jornada, se aguarda una temporada igual o superior a la anterior.  Hasta aquí terminó la exposición del gobierno, O sea, lo que quería transmitir el Presidente de la República Yamandú Orsi a través de su Secretario. En ningún momento de su oratoria se habló del Ministerio de Ganadería, Vivienda o Medio Ambiente, que a nuestro saber y entender es una respuesta sólida que esas carteras y las otras no tienen mayores problemas que comunicar. Esta todo bien o esta todo bien encaminado; buena noticia para notiEXPO. Se abrió la participación a los periodistas de los medios presentes y a partir de aquí se posicionó la vedette de la jornada, el caso de Cardama; que debo resaltar que los colegas siempre se refirieron a Cardama como si fuera una "persona muy importante". Se abrió la rueda de preguntas y las que llegaron fueron estas: Cardama - Cardama - Y Cardama¿Qué tal? Buenas tardes, Valeria de los Santos de subrayado de Canal 10. ¿Podría precisar algunos detalles de ese informe que presentó el Ministerio de Defensa con respecto a Cardama? Sí, básicamente lo que se ha presentado es algo que ya se ha estado de público conocimiento. ¿Cuál fue el proceso que llevó en este caso a la administración pública a denunciar este la presunta estafa? En el sentido que ustedes saben muy bien este oportunamente vencido el plazo de la garantía de fiel cumplimiento. Garantía que como ustedes recordarán es un elemento principal del contrato. ¿No? Cualquier contratación de la administración pública, sea licitación o sea por compra directa, no se puede comenzar a ejecutar el contrato y a tener vigencia legal el contrato si no se constituyen esas garantías. Evidentemente nos encontramos frente a una situación en donde al parecer esas garantías este son garantías de papel. ¿No? Y ahí hay un elemento muy importante. Lo que terminó realizándose fue en vista de que se vencía la garantía de fiel cumplimiento, pretender cobrar esa garantía para que el Estado se resguardara los recursos y ya es conocido, digamos, todo el periplo que ha llevado adelante el asunto de Cardama. ¿No? Hasta este momento esa es la información que manejamos. No hay información nueva, simplemente es que el poder ejecutivo sigue con su convicción de que hay que ir por el camino de la transparencia, la cristalinidad y la defensa de los recursos públicos. Daniel de León de Canal 12, Telemundo. ¿Hubo algún contacto con Cardama? ¿Con el titular de Cardama? ¿Hubo algún contacto por parte del Ministerio de Defensa? ¿Hubo intención de Cardama de presentar una nueva garantía a raíz de esta situación que se ha dado? ¿Y qué pasa con la construcción de las patrullas? ¿No? Bien, acá hay tres cosas este que hay que hay que establecer. En principio, la decisión del poder ejecutivo fue transcurrir transitar por el resto de los procesos administrativos tendientes a resolver un contrato. Que nosotros nos sentimos que está sin garantía. Al estar sin garantía, evidentemente, tenemos que denunciar la situación que se debió a este posible estafa o engaño al Estado uruguayo o mala fe por parte del contratista. Efectivamente, Cardama se ha intentado comunicar con el poder ejecutivo. Intentando generar alguna instancia de diálogo.  Lo que nosotros hemos planteado es primero notificar, en este caso al contratista sobre la decisión del poder ejecutivo de avanzar en la vida administrativa para denunciar el contrato y naturalmente el poder ejecutivo está dispuesto, a en ese proceso administrativo, si es que se necesitan abrir espacios de mediación, hacerlo porque es lo que corresponde a la hora de tomar una decisión jurídica de esta naturaleza. Lo que hemos hecho es notificar en este caso a Cardama y no hemos tenido más comunicaciones que esa. Seguramente lo que va a hacer ahora la empresa es ofrecer sus descargos frente a la comunicación o a la vista que le dio el poder ejecutivo y allí se desencadena ese proceso. Con respecto a las patrulleras oceánicas, por supuesto que es un objetivo. Creo que reconocido por todo el sistema político y por el conjunto del Uruguay. Que el Uruguay necesita tener este tipo de patrulleras y por tanto, la tarea a la que está encomendado el poder ejecutivo. Naturalmente, es resolver los aspectos que tienen que ver con el contrato, pero también a garantizar la posibilidad de que el Uruguay cuente con patrulleras este oceánicas. Eso lo necesitamos. Evidentemente, allí hay un conjunto de dudas porque hoy tenemos un contrato sin garantías. Veremos si este procedimiento será con el mismo astillero o con otro o en conjunto o en un consorcio. Eso será un tema que se podrá analizar en el futuro. Lo cierto es que el objetivo del poder ejecutivo es tener patrulleras oceánicas y en ese sentido desencadenaremos todos los procesos tendientes a poder garantizar esa situación. Además, el estado uruguayo ya lleva invertido 30 millones de dólar y por tanto, esto es importante para nosotros. Ver qué es lo que se ha hecho hasta el momento y ver cómo puede seguir la construcción de las patrulleras oceánicas y en qué hipótesis se puede dar.  _
 Alejo Piaza de Telenoche, buenos días, buenas tardes. El contrato en primera instancia se informó que se iba a rescindir. Esa decisión inicial no se concretó. Es decir. ¿Se va a avanzar con la mediación y no se rescinde el contrato? ¿Y también consultarles si hubo contactos con el gobierno español? Más allá del contacto con la empresa Cardama. Muchas gracias. Bien, dos aspectos. Iniciar el proceso para rescindir un contrato que tiene la administración pública tiene un conjunto de acciones. El primero es la voluntad del poder ejecutivo de entender que tiene un contrato que no tiene garantías y por tanto lo va a denunciar. Cuando uno inicia ese proceso, el contratista tiene derecho naturalmente a hacer sus descargos y puede requerir o no la mediación. Para analizar los pormenores de las distintas hipótesis. Por tanto, la decisión del poder ejecutivo está avanzando; que es la decisión que tomó el presidente de la República. Realizar una denuncia penal por el posible fraude y comenzar el proceso administrativo para denunciar el contrato. Eso lleva un proceso de tiempo, naturalmente. Porque hay que respetar los derechos, los deberes, en este caso de un proveedor del Estado. Con respecto al gobierno español; obviamente nosotros hemos tenido comunicaciones con el gobierno y con la embajada española a efectos de notificarle la decisión que estábamos tomando. Y a efectos de que estén informados, cosa que también el gobierno español ha planteado su voluntad de acompañar al Uruguay. Asesorar el Uruguay en la medida de sus posibilidades y en el marco de este sus competencias. Porque aquí lo que hay es una contratación entre un privado y el estado uruguayo. ¿No? Aquí no hay ningún tipo de contrato ni de acuerdo entre los gobiernos cuando se inició este contrato. Por tanto, lo que hace el gobierno español simplemente es darle seguimiento en ese proceso. Y es así, nos hemos comunicado también, tanto con el gobierno como con la embajada de España en Uruguay. Vamos a habilitar las dos últimas preguntas.  _ Hola, por acá Yamila Silva de La Diaria. Un poco para que quede un poco claro esto del contrato. ¿El poder ejecutivo va a esperar a tener lo que diga la justicia, para después rescindir el contrato? Un poco para ahí, entender el proceso. ¿Cómo va a ser? Bien, acá hay dos procesos. Primero, una denuncia penal por posible estafa. ¿Por qué? Porque se presentaron unas garantías, que cuando las quisimos cobrar encontramos que esa empresa no era ni solvente, ni existía. Además de los procesos que tienen que ver con la falta de controles que se llevó adelante para corroborar si esa garantía era real o no era real. Ese es un proceso donde ya se ha iniciado la denuncia penal y habrá que esperar que la justicia termine de resolver este proceso. El segundo elemento tiene que ver con la necesidad de contar con OPB y con un contrato que hoy no tiene garantías. Por tanto, lo la decisión del poder ejecutivo es denunciar el contrato. ¿Eso quiere decir que el Uruguay se va a quedar sin OPBs? No. Sino que habrá que buscar otras alternativas en el caso de que finalmente se denuncie el contrato y se disuelva el contrato que tenemos hoy con Cardama. Y habrá que buscar otras alternativas. Las cuales el poder ejecutivo también las está valorando. Lo importante a transmitir es que el Uruguay necesita de OPB y si las negociaciones, en este caso con el contratista no prosperan; evidentemente hay que buscar un plan B para que haya una construcción en otro astillero. ¿Qué tal, Sánchez? Abril Mederos de TV Ciudad. Una consulta muy breve sobre Cardama. La consulta sobre Cardama, es. ¿Si en el contrato está establecido? O ¿Qué es lo que pasa con lo que se construyó hasta ahora de las patrullas. Si hay algo que establezca. ¿Qué es lo que va a pasar concretamente o si existe peligro por parte del Estado uruguayo de perder lo invertido y además lo construido? Y luego la otra pregunta es sobre el presupuesto. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Qué fue lo que se trató acá? Porque el ministro Odone señaló que hubo gastos, hubo reasignaciones en diputados que no fueron financiados, 80 millones para ANEP que no salen, de que no tienen financiamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el lineamiento para la Cámara Alta en el marco del gobierno? Gracias. Bien, los aspectos del contrato. El contrato que oportunamente firmó el Estado uruguayo con Cardama establece tres cuestiones importantes. La primera de ellas es el conjunto de mitos por el cual hay que ir abonando al contratista. La segunda es que en el caso de que haya una disolución de ese contrato, lo que se ha construido hasta el momento es propiedad del Estado uruguayo. Bien. Y la tercera es que las diferencias técnicas con respecto a la construcción de las de las OPB se resolverán en el marco de arbitrajes internacionales y las diferencias jurídicas con respecto al contrato se resolverán en los estrados nacionales.  Esa es en la hipótesis que estamos hoy. Donde tenemos diferencias jurídicas con respecto al contrato, por lo que ya he explicado y se ha debatido largamente. Y por tanto, el ámbito donde deben resolverse es en la justicia nacional y por eso nosotros nos estamos remitiendo a la Justicia Nacional. Tanto en los dos procedimientos, en la presunta estafa y por tanto en la denuncia en la Justicia Penal como en la justicia administrativa en el caso de resolver las cuestiones de recisión del contrato. Ese es el primer punto sobre el presupuesto nacional. Es efectivamente así. Estamos muy contentos porque creemos que el país ha avanzado y ha consolidado una política económica que ha tenido un amplio respaldo del espectro político. Porque eso lo denota la votación en general de más del 80% de los legisladores de la Cámara de Representantes. Lo cual habla que el conjunto mucho más amplio de los votos que tiene el Frente Amplio. Hoy respaldan la política económica que está llevando adelante el gobierno de Yamandu Orsi. Y cierto es que como en todo proceso; las leyes de presupuesto están sometidas al trabajo de los señores y señoras legisladoras que buscan reasignar recursos de un área hacia otra para fortalecer un conjunto de políticas públicas. Y también es verdad, algo que diría yo es poco frecuente o diría más bien nunca ha sucedido. En este caso la Cámara de Diputados votó un conjunto de asignaciones para la inclusión en el área de ANEP que no tienen un financiamiento. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? La Constitucional República es clara al respecto que en el trabajo, en el transcurso de las leyes de presupuesto. El Parlamento de la República no puede aprobar gastos sin decir de dónde salen esos recursos. ¿No? Este es un mecanismo que existe, que lo que protege justamente es al país, de que el Parlamento no vote gastos que no tengan un respaldo. Que serían gastos que no van a poder llevarse adelante porque no hay financiamiento de ello. Efectivamente, pasó de esa manera, no con los votos del Frente Amplio. Sino con los votos de la oposición que se votaron un conjunto de artículos que no están financiados, que ascienden a 80 millones de pesos. Que es un tema que tiene que resolver ahora el Senado de la República. Porque no puede salir del Parlamento un gasto que no tiene financiamiento. Esto como cualquiera de nosotros, si vas a ir a comprar un almacén o a un supermercado; si no tenés saldo en la tarjeta, no puedes comprar nada. Por lo cual este es un problema de técnica legislativa que habrá que resolverlo en el Senado de la República. Y eso le pone además, entonces al trabajo del Senado de la República, una mochila más. Que es resolver cómo se financian esos gastos ya aprobados por la Cámara de Diputados y que no tienen financiamiento. ¿No?  Este tema o mejor dicho, este problema de Cardama causa gran angustia entre la población que escucha a los medios de prensa y se complementa de estas preguntas. Y todo pasa al mismo tiempo. Seguimos haciendo notiEXPO desde esta pantalla de luz.         |